COMUNICACIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA: ¿A QUIÉN LE HABLA EL GOBIERNO?

COMUNICACIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA: ¿A QUIÉN LE HABLA EL GOBIERNO?

La crisis multidimensional que ha desatado la pandemia por COVID-19 avivó debates intelectuales en la región relacionados con la gobernanza en tiempos de crisis. Uno de los temas que ha ocupado la agenda es la comunicación política en torno a la pregunta: ¿Cómo comunican los gobiernos la crisis?

Cada país de la región ha adoptado diferentes protocolos para comunicarse con la población que en algunos casos teme más al desempleo, la pobreza, el desahucio que al virus mismo. Según datos de la CEPAL (2020) América Latina y el Caribe será una de las regiones más golpeadas económicamente por los efectos de la pandemia, se estima que alrededor de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza. En este contexto y con la incapacidad de los gobiernos regionales para tomar medidas económicas que protejan los ingresos de los hogares, es natural que la población sienta pánico y busque fuentes de información con autoridad que llenen el espacio que ocupa la incertidumbre mediante líneas discursivas a las cuales la población pueda apegarse (Perloff, 2014).

Ahora bien, ¿pueden los gobiernos ocupar este espacio? ¿Es posible que el discurso contenga el pánico social y contribuya al cumplimiento de las medidas de prevención del contagio? La respuesta a estas preguntas depende de la efectividad de la estrategia que adopten. En esta oportunidad es de especial interés analizar el caso venezolano dada la excepcionalidad de sus condiciones previas a la pandemia.

¿A quién le habla el gobierno venezolano?

Desde que se anunciaran oficialmente los primeros casos positivos para COVID-19 en el país el gobierno ha construido un mensaje destinado a la comunidad internacional resaltando la eficiencia que ha tenido en la implementación y cumplimiento de las medidas de contención de la pandemia. Mientras tanto, compara repetitivamente la situación “positiva” de Venezuela con respecto a países cuyos gobiernos son abiertamente contrarios al presidente Nicolás Maduro y han tenido una mayor tasa de transmisión y mortalidad del virus hasta el momento, por ejemplo: Estados Unidos, Brasil y Colombia.

Tan es así, que Venezuela es el único país con datos de “casos importados” y “casos comunitarios”, estadísticas que permiten identificar cuántos casos provienen de los connacionales que han retornado en dramáticas situaciones al país o de las personas que en territorio nacional han sido infectadas por venezolanos retornados y que, según el Ejecutivo, sirven para medir la eficacia de su actuación frente a la de otros gobiernos de la región.

Es interesante preguntarse por qué en una situación tan extraordinaria como la de Venezuela el Gobierno opta por comunicar en un plano internacional por encima del nacional, a diferencia de la mayoría de los países que se han enfocado en la política interna o han guardado cierto equilibrio entre política interna y externa. La razón por la que para el Gobierno venezolano es de central importancia su posicionamiento ante la comunidad internacional da cuenta de su carácter autoritario. En un país donde una prolongada crisis política y económica ha aniquilado los espacios para la política, no es importante para el gobierno influir en la opinión pública nacional, ni capitalizar electores, ni medir fuerzas con actores absolutamente neutralizados como la ciudadanía, la oposición, demás autoridades estatales o los medios de comunicación.

En este sentido, los temas que ocupan la agenda comunicacional del gobierno (y de los medios aliados o coaccionados por el Gobierno) no son los efectos socioeconómicos o sanitarios de la pandemia, que vienen a agravar la situación de un país que arriba a su 7º año de crisis económica con 19 trimestres de contracción del PIB siendo 12 de ellos de 2 dígitos (CEPAL, 2019), sino la política exterior en cuanto víctima de sanciones y considerándose referentes de la actuación frente a la pandemia.

A nivel internacional, mediante análisis de contenido se ha hecho referencia al matiz autoritario del discurso gubernamental contenido en la palabra “disciplina” usada con frecuencia por el presidente Nicolás Maduro y su equipo político o en el backing con el “0-800 VIGILA” que suele acompañar las transmisiones diarias del vocero gubernamental que actualiza información sobre el estado del virus y cómo esto impacta en la población. Si bien es cierto que el discurso gubernamental es cada vez más autoritario, en términos reales lo que el Presidente o sus voceros digan no tiene un efecto significativo en la población, ya que a lo largo de su mandato Nicolás Maduro ha perdido credibilidad por la incongruencia entre su discurso y su capacidad de gobernanza, muchas personas prefieren no ver las transmisiones. Aunado a este problema de recepción de las audiencias está el hecho de que el gobierno realmente no tiene interés en impactar o configurar la agenda de discusión nacional, al contrario, le conviene la despolitización.

Por su parte, las audiencias no reparan en la ruptura de la comunicación gobierno-población o en la escisión del discurso gubernamental con la realidad socioeconómica del país. Primero, porque la crisis ha empujado a grandes segmentos de la población a ocuparse exclusivamente de la supervivencia económica para la reproducción de la vida material; y segundo, porque muchas personas en un estado emocional de sensibilidad y hastío prefieren evadir la información que emite el Gobierno como una medida de cuidado emocional.

En este panorama de grietas cabe cuestionarse sobre la correspondencia del discurso gubernamental sobre a pandemia con la realidad.

¿Se corresponde el discurso gubernamental con la realidad de la pandemia en Venezuela?

La información oficial parece ser favorable para el país si nos fijamos exclusivamente en los datos brutos de indicadores epidemiológicos como: número de contagios y número de muertes por COVID-19. Sin embargo, el gobierno nacional maneja esta información con recelo y opacidad. De hecho, a lo largo de los días de cuarentena colectiva ha habido denuncias por parte de trabajadores del sistema de salud, de la comunidad científica y de gobiernos locales relacionadas con datos oficiales del comportamiento de la epidemia y el tipo de pruebas aplicadas, con la dotación de material de bioseguridad a personal médico y hospitales y con la no integración de gobiernos locales en planes de acción contra la pandemia. Asimismo, se ha mantenido oculta la capacidad del sistema sanitario: número de camas UCI, número de respiradores, número de médicos especialistas por paciente, número de enfermeros por paciente, entre otros indicadores.

En medio de la opacidad informacional y la desconfianza hacia el gobierno vale la pena cuestionarse sobre la correspondencia entre discurso-realidad, para ello formularemos tres preguntas indicativas:

1. ¿El gobierno ha podido disciplinar a la población para que cumpla con las medidas de prevención del COVID-19?

El disciplinamiento de la población venezolana no obedece exclusivamente al discurso “disciplinario” del gobierno sino que está bastante influido por la crisis económica. Se trata de una situación impuesta por la contracción de los ingresos y la crisis de combustible, incluso en un escenario previo a la pandemia. En este sentido, la expresión “ya estaba en cuarentena antes de la cuarentena” utilizada por la población es bastante elocuente. La contracción de los ingresos como consecuencia de la caída del salario y la abrumadora caída de la producción petrolera han tenido progresivamente un impacto dramático en la movilidad y la capacidad de consumo de la población.

2. ¿Es eficaz un manejo de la crisis que obvia por completo variables relacionadas con la capacidad del sistema sanitario y variables socioeconómicas?

La pandemia por COVID-19 se caracteriza por afectar todas las esferas de la vida de manera que no puede evaluarse de forma aislada al impacto socioeconómico que producirá. No obstante, las autoridades venezolanas parecen olvidar este detalle, así que la agenda comunicacional del Gobierno no atiende los problemas económicos vinculados a la protección de los ingresos de los hogares, a los trabajadores informales, al sostenimiento de las redes de producción y distribución de alimentos, a la educación y otros aspectos centrales en la estabilidad de una economía que ya se encontraba dramáticamente contraída antes de la pandemia, sino que, al contrario, se centra exclusivamente en el manejo de datos brutos que por sí solos no dan cuenta del estado o impacto de la pandemia, así como en comparaciones y denuncias internacionales.

3. ¿La atención fronteriza ha sido eficiente y eficaz?

El gobierno ha hecho énfasis en el protocolo de atención desplegado en las fronteras para recibir a los venezolanos que están retornando al país, sobre todo en los pasos fronterizos del Estado Táchira, corredor por donde ha ingresado el mayor volumen de retornados.

Efectivamente se ha tratado de controlar los pasos ilegales y se han instalado los Puestos de Asistencia Social Integral (PASI) para hacer cumplir a cada persona que entre al país una cuarentena preventiva y de despistaje. Sin embargo, parece no existir la misma rigurosidad en otros pasos fronterizos que, si bien no tienen tanto tráfico, se han convertido en los principales estados con focos de contagio como los ubicados en el Estado Apure y el Estado Zulia; entidades que además, tienen una población indígena altamente vulnerable al virus.

En cuanto a la capacidad de recepción de los venezolanos que retornan, el gobierno ha establecido un ingreso de 1750 personas por semana al país a través del puente Simón Bolívar, pero este número ha sido insuficiente ante el volumen de venezolanos represados en la ciudad de Cúcuta. Recordemos que Colombia ha sido el principal receptor de la migración venezolana (OVM, 2020) con más de un millón de personas distribuidas a lo largo del país, principalmente asentados en la capital y en las ciudades fronterizas. En Cúcuta la situación es alarmante, pues los venezolanos se encuentran en campamentos absolutamente precarios, sin medidas de prevención al virus, a la espera de su aceptación para el ingreso al país. Este retraso, que a veces suma semanas, podría hacer que el número de casos “importados” aumente notablemente.

Finalmente, no puede dejarse de lado la utilización de la pandemia y de los casos “importados” que ingresan por Colombia para debilitar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países y generar un discurso agresivo hacia los colombianos que puede influir de manera negativa en la cooperación binacional que se necesita para atender el problema del retorno de migrantes venezolanos. Recientemente, tanto Nicolás Maduro como Jorge Rodríguez han señalado la existencia de una cepa más “virulenta” de COVID-19 que ha ingresado por Colombia hacia el Estado Zulia y que ha ocasionado el foco de contagio zuliano; sin embargo, no se han publicado estudios científicos que soporten esta aseveración.

Si bien estudios en comunicación política han demostrado que las agendas y las perspectivas de los discursos de los actores políticos no necesariamente son un reflejo de los problemas de país o de las demandas de la sociedad, en el caso venezolano esta escisión es tan evidente que pierde su eficacia en la política interna y raya en la incongruencia total. Pero, aun cuando no refleja los acontecimientos, se convierte en un indicador de la salud de la política en el país y deja en evidencia la ausencia de otros actores políticos que en países con democracias más o menos estables disputan la agenda comunicacional, a saber: el congreso, la oposición, movimientos sociales, actores económicos o los propios medios de comunicación.


Referencias

CEPAL (2019). Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe. República Bolivariana de Venezuela.
— (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales

OVM (2020). Situación de migrantes venezolanos recientes en el contexto del COVID-19.

Perloff, M. (2014). The Dynamics of political comunication. Media and politics in digital age. Routledge, New York.

Crissia Contreras

Crissia Contreras. Cofundador y co- director de Revista Florencia. Director de Comunicaciones en Laboratorio Estratégico  y Director General en Studio en llamas. Estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con interés en comunicación política.

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