¿QUÉ ESPERAR DEL INCREMENTO EN 100% DEL ENCAJE LEGAL?

¿QUÉ ESPERAR DEL INCREMENTO EN 100% DEL ENCAJE LEGAL?

Tal como fue anunciada la medida inicialmente por el presidente del BCV, el “incrementar el encaje legal en 100% sobre los depósitos”, en Venezuela implicaba una crisis de liquidez del sistema bancario, debido a la desaparición de las disponibilidades, inversión financiera y el crédito del sector bancario en la economía, dirigidos en amplia medida a la compra de instrumentos financieros de política fiscal y monetaria, así como a la cobertura de las carteras de créditos dirigidas.

Si bien el incremento del encaje legal en la magnitud anunciada habría detenido ipso facto las transacciones en el mercado secundario y operaciones de manejo de activos, que alientan el mercado paralelo de divisas, también habría paralizado al mercado primario de títulos valores, cuyas colocaciones dependen de la inversión financiera y manejo de disponibilidades de la banca.

En una economía abierta y sin control de cambio, el anuncio de tal medida habría implicado una corrida financiera de magnitudes considerables.

Tal anuncio habría implicado la absorción de toda la liquidez del sistema financiero y con ello la paralización de las emisiones de deuda, tanto de corto como de largo plazo, con el consecuente ajuste en las tasas de interés, iniciando por un mayor rendimiento exigido a la deuda pública emitida y luego con incrementos en tasas de descuento sobre instrumentos debido a la escasez de liquidez que dispararía la overnight a niveles sin precedentes en Venezuela, seguido del incremento de la tasa de créditos al consumo.

Posteriormente fue corregido el anuncio realizado; refiriendo que el incremento de la tasa de encaje sobre depósitos hasta 100% se hará sobre incrementos marginales de las Reservas Excedentes de la Banca (REB), controlando con ello la oferta secundaria de dinero.

En este sentido, las REB se mantendrán relativamente constantes, de acuerdo con el valor alcanzado al 31 de agosto del presente año, lo que restringirá las operaciones en el mercado secundario de títulos y al mismo tiempo las de manejo de activos para generar divisas.

Sin embargo, la absorción de incrementos marginales en las REB tenderá a generar presión para incrementar la tasa de interés, esto porque los bancos exigirán mayores rendimientos a los títulos de deuda pública y con ello se requerirá una mayor tasa de interés para los créditos productivos y al consumo.

Es posible que, de no ajustarse las tasas de interés[1] y limitarse la tasa de ganancia del sistema bancario, se provoque una corrida de baja intensidad –tal como venía ocurriendo con las operaciones de activos– que puede manifestarse por: 1) el derrumbe del mercado secundario de títulos de deuda pública; o 2) a través de las posturas a descuento –acorde con mayores rendimientos exigidos– en el mercado primario.

Al respecto, para minimizar riesgos asociados a un potencial colapso del sistema financiero, tanto SUDEBAN como el BCV deben encausar al sector bancario hacia el financiamiento de políticas de desarrollo del país, a fin de orientar recursos hacia la conformación de un sistema de bancos y agencias de desarrollo que sirva de soporte al sistema nacional de planificación.

¿Qué enfrenta Venezuela con la aplicación de las medidas que se han venido anunciando?

El Gobierno nacional ha venido realizando una serie de anuncios de política económica a fin de corregir los desequilibrios y combatir lo que el gobierno ha planteado como “guerra económica”, que no otra cosa que el conflicto distributivo por la renta petrolera en Venezuela, potenciado por la crisis de balanza de pagos, producto de la merma de las Reservas Internacionales (RI), derivado de la política de gasto expansivo del gobierno, con la cual se “quemaron” divisas para cubrir cuantiosas importaciones, creciente servicio de la deuda y capitalización al FONDEN.

Pero, detrás del conflicto económico entre agentes en pugna existe una intencionalidad política que se manifiesta en el choque de dos modelos que luchan por el control político, representado por bloques de poder que, de manera directa o indirecta, absorben los excedentes de liquidez para convertirlos en divisas y fugarlos de la economía[2].

Por lo que, lejos de minimizarse la conflictividad política con la aplicación de políticas económicas, la misma se incrementará, conllevando al forcejeo en el plano económico por la imposición de estrategias dominantes.[3]

En este sentido, por un lado, se encuentra el poder económico tradicional, alineado con EEUU y sus aliados regionales, que puja por mantener un modelo rentista y de subsidios, contemplando el subsidio a la gasolina, para maximizar sus tasas de ganancia; por otro, el poder económico emergente, representado por la neo-oligarquía comercial e importadora –contradictoria en su discurso y práctica–, que potencia mercados secundarios de bienes y servicios (bachaqueo) y da impulso la liberalización de la economía, buscando sustituir al modelo rentista por un Estado neoliberal militar que ejerce control sobre los medios de explotación de recursos de donde se obtiene la riqueza nacional.

En medio del conflicto, se puede identificar la estrategia bajo la cual ha sido sometida la economía venezolana, que la pudiéramos calificar de “operación tenaza”, con el objeto de cambiar a los actores políticos que deciden el futuro del país y ejercen el poder sobre las instituciones. A saber:

En el ámbito macroeconómico se manipuló el riesgo país por encima de su valor acorde con sus fundamentales, aprovechando errores de la política de gobierno, con la que crearon un desequilibrio externo, que a su vez dio origen a la crisis de balanza de pagos y exacerbó desequilibrios fiscal y monetario, expresado en el financiamiento monetario del déficit, para generar expectativas negativas, apoyadas en calificaciones crediticias –pagadas por el gobierno de EEUU–, que buscaban potenciar la desconfianza y de esa manera provocar un bloqueo financiero por la vía del mercado.

Si bien desde 2011 Venezuela no pudo realizar más emisiones de bonos por el alto costo, PDVSA las continuó realizando aceptando altos descuentos que oscilaban en torno al 50% del valor facial del instrumento.

De esta manera, la estrategia adoptada consistió en acudir a los mercados secundarios para generar liquidez; razón por la cual el gobierno de EEUU decide aplicar sanciones financieras, que formalizan el bloqueo, y con ello, impedir la entrada de recursos para hacer colapsar al orden político actual y sus actores, quienes además, han sido sancionados de manera individual, bajo la argumentación de enriquecimiento ilícito y abultamiento de cuentas bancarias personales producto de la corrupción.[4]

Por otra parte, en el ámbito microeconómico, aguas abajo, donde interactúan el público con todo el sistema financiero, se ejecutaron estrategias de tráfico de dinero en efectivo –por el que actualmente pagan una tasa de 800% en la frontera– que opera con complicidad de bancos públicos y privados; contrabando de extracción –principalmente de gasolina–, que se aprovechó los subsidios sobre bienes de consumo; y desvío de la producción nacional hacia mercados “subterráneos”, desde donde se fijaban altos precios que se fueron propagando en toda la economía.

En conclusión, analizando las medidas tomadas por el ejecutivo en las últimas semanas podemos decir lo siguiente:

La medida del incremento del precio de la gasolina a nivel internacional busca corregir la profundización de los desequilibrios, causado por la combinación de las acciones antes mencionadas y los errores de política económica.

Por otra parte, aun cuando se activa el riesgo financiero en la economía, la restricción de crecimiento de las REB, mediante el incremento hasta 100% del encaje marginal, colocará límites a las operaciones de manejo de activos financieros que alimentan el tipo de cambio paralelo, con lo que su cotización tenderá a estancarse en el corto plazo.

Por Wilfredo Parietto


[1] Luego de 2005, con la modificación de la Ley del BCV, éste mantuvo las tasas bajas y relativamente controladas, con lo que dejó espacio a la banca para que obtuviera altos rendimientos a través de la adquisición de títulos de corto plazo. Por ejemplo, el rendimiento equivalente de un CDs, al compararlo con una Letra del Tesoro (LT) a 90 días, oscila entre 20%-25% cuando el de la LT estaba entre 5%-7%.

[2] El juego previo a la actual disputa consistía en la emisión desmedida de dinero, dada la posición monopólica sobre las divisas, por parte del BCV –controlado  por el Gobierno– para financiar el déficit público, con lo cual licuaba los pasivos y el poder adquisitivo del público en general, quien respondía mediante operaciones de manejo de activos para adquirir divisas en el mercado paralelo, o mediante la emigración hacia otras economías a fin de enviar remesas.

[3] Para el Gobierno nacional la estrategia dominante consiste en estabilizar la economía, con ello mantenerse en el poder, y para el poder económico tradicional su estrategia dominante consiste en revertir las medidas para maximizar sus ganancias y mantener el status quo, mantenimiento del rentismo y subsidio a bienes y servicios, así como la represión salarial propiciada desde el gobierno.

[4] Hay que tener en cuenta que desde siempre, funcionarios corruptos de Venezuela y de distintos países se han fugado e instalado en EEUU sin mayores inconvenientes, donde disfrutan del dinero mal habido producto del saqueo que ha causado estragos a las economías.

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